“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”. Esta máxima de Francisco de Quevedo les viene que ni pintada a los partidos políticos cuando se acercan elecciones y hay que ponerse a elaborar un programa. Lo que no quita que en determinadas cuestiones algunos partidos opten por la callada. Es el caso del Partido Popular y del controvertido asunto del aborto, también llamado eufemísticamente “interrupción voluntaria del embarazo”. Así, en el programa de las legislativas de 2019 figuraba el compromiso de ayudar a las mujeres embarazadas “para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica social o familiar”, pero no había ninguna referencia a la ley de plazos de 2010, que el propio PP había llevado en su momento al Constitucional, donde doce años más tarde sigue esperando turno. Tampoco la había al anteproyecto de ley de 2014 del ministro Ruiz Gallardón, un compromiso electoral que venía a ser un regreso a la ley primigenia de 1985, la de supuestos, y que el presidente Rajoy decidió finalmente no presentar, lo que comportó la renuncia de Gallardón al Ministerio de Justicia del que era titular y su retirada de la política. Eso sí, a cambio las Cortes, donde el PP contaba con mayoría absoluta, aprobaron en 2015 una mini reforma que, sin alterar el modelo de plazos, eliminaba la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores aunque sí con la obligación de comunicarles con anterioridad la decisión que habían tomado.
¿Qué ha pasado a lo largo de la docena de años que median entre la ley de 2010 y el pasado 30 de agosto, día en que el Consejo de Ministros dio el visto bueno a una nueva reforma de la ley, que, más allá de otras medidas, no sólo restituye la posibilidad de que los menores de 16 y 17 puedan abortar sin la aprobación paterna, sino que además, y al contrario de lo estipulado en la ley de 2010, deja de considerar preceptiva la información? ¿Qué ha pasado en nuestro entorno más cercano, ya sea España misma o el conjunto de la UE, y sobre todo qué ha pasado en el propio Partido Popular? En cuanto a lo primero, un simple repaso a la legislación existente en los distintos países de la Unión permite concluir que, excepto en el caso de Malta, donde el aborto está prohibido, o de Polonia, donde está restringido al máximo, en los demás se da una regulación extremadamente dispar, si bien son mayoría aquellos que permiten el aborto sin restricciones –o sea, sin necesidad de permiso paterno– a partir de los 16 o en los que ni siquiera se fija un mínimo de edad. Difícilmente España puede quedar al margen de dicha tendencia.
Y difícilmente puede quedar, claro, el propio Partido Popular. El cambio de rumbo emprendido por la dirección del partido y su presidente de entonces, Mariano Rajoy, hace ocho años, cuando decidió retirar la ley Gallardón, era, por descontado, uno de tantos incumplimientos electorales a que nos tienen acostumbrados los partidos. Ignoro si se ajustaba o no a la máxima de Quevedo, pero poco importa: no hay duda de que sí respondía a esa tendencia más general a la que me refería anteriormente y a las voces que, dentro del propio partido, se oponían a una vuelta atrás. El PP es un partido liberal conservador, por lo que esa clase de asuntos, que afectan a la moral y a la fe de afiliados y votantes, resultan por fuerza tan delicados como divisivos. Es evidente que las recientes y matizadísimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en el sentido de que no se puede obligar a su juicio a una joven de 16 años a seguir con un embarazo no deseado no son compartidas por un sector importante de la formación. Pero también lo es que otra parte del partido está de acuerdo con ellas. El propio Núñez Feijóo, aparte de admitir que se trata de un derecho y de que sería bueno alcanzar un gran consenso social y político sobre la cuestión, se ha manifestado a favor del consentimiento paterno –y se entiende que de la información previa a dicho consentimiento, en consonancia aquí con Ayuso–. Con todo, se ha agarrado, al igual que han hecho otros dirigentes del partido, a la tan demorada sentencia sobre el recurso interpuesto en 2010 ante el Constitucional.
Aunque en política lo del “mañana será otro día” vale su peso en oro, un partido que aspira a gobernar y que tarde o temprano tendrá que mojarse sobre un asunto que tanto le incomoda debería tener una postura clara, definida y lo más inclusiva y considerada posible –lo que conlleva, entre otras cosas, el respeto al derecho a la objeción de conciencia de la clase médica y al voto en conciencia de sus propios diputados y senadores–. Al fin y al cabo, los sondeos indican que el crecimiento del PP se está produciendo sobre todo por el centro, allí donde el votante socialdemócrata y liberal, mucho más laxo en esta materia, parece haber renunciado en buena medida al voto por Ciudadanos y ha empezado a romper amarras con el PSOE de Pedro Sánchez.
La mayoría de edad en España está en los 18, es verdad, pero podría estar en los 21 o en los 23, como antaño. Y, de paso, el derecho al voto, que suele ir aparejado a esa mayoría. La tendencia a irla reduciendo e incluso a prescindir de ella y a considerar a los jóvenes de 16 y 17 como adultos también se halla bastante extendida, para bien o para mal. Y eso que la ciencia nos dice que el cerebro humano y, en concreto la corteza prefrontal –responsable de habilidades como la planificación, el establecimiento de prioridades y el control de los impulsos–, no alcanza su plena madurez, en el mejor de los casos, hasta los 25 años. ¿Se imaginan ustedes adónde iríamos a parar si el conocimiento científico influyera de algún modo en la toma de decisiones políticas? Así las cosas, lo más sensato, a mi entender, es tratar esa clase de asuntos con el máximo sentido común. Aunque también es cierto que últimamente este sentido no abunda, en especial entre nuestra clase política.