Un país roto, una transición fallida

Hace bien Alberto Núñez Feijóo postulándose para la investidura. La candidatura que encabezaba ganó en porcentaje de voto y en número de escaños en el Congreso de los Diputados, y obtuvo mayoría absoluta en el Senado, lo que sin duda le legitima en su propósito. Con todo, el vencedor del pasado domingo no fue él, sino Pedro Sánchez. Las elecciones se habían planteado como un segundo plebiscito sobre el sanchismo, el definitivo tras el aperitivo –exitoso para el PP– de las autonómicas y locales. Por así decirlo, había que rematar la faena del mes de mayo dándole a Sánchez la estocada. Y no hubo tal. Sánchez hizo honor a su proclamada resiliencia y logró incluso un millón de votos y dos escaños más que en 2019. Y lo más importante: si Feijóo termina fracasando en su intento de salir investido, Sánchez puede aspirar a revalidar su presidencia asociándose con toda suerte de izquierdismos y nacionalismos identitarios a cambio del trozo de soberanía necesario. Lo ha demostrado con creces, y no le vendrá ahora de un Puigdemont.

No es fácil comprender a los españoles. No es fácil comprender que, lejos de impugnar con su voto las políticas desarrolladas por Sánchez en el último quinquenio, tal y como hacían presagiar los resultados del 28 de mayo y casi todos los sondeos de opinión, las hayan ratificado en buena medida. En cualquier caso, a falta del recuento del voto exterior, los resultados ahí están. Y lo que reflejan es una España quebrada, partida en dos. O, machadianamente, dos Españas. Como en 1976, recién salidos del franquismo. Pero, al contrario que entonces, sin esperanza ya de que una nueva transición nos saque del apuro. Al menos en los próximos años.

Aquel ejercicio mayúsculo de reencuentro, reconciliación y concordia que fue nuestra Transición, coronado por una Constitución a la que contribuyeron la práctica totalidad de las fuerzas políticas, no sólo no se va a repetir, sino que sus principios y valores, pueden darse, me temo, por vencidos. En cambio, su antítesis, el enfrentamiento guerracivilista generado en tiempos de Rodríguez Zapatero y llevado a su máxima expresión, hasta la fecha, por Pedro Sánchez tiene todas las trazas de perpetuarse.

Feijóo, por convicción o por oportunismo, tanto da, jugó en campaña y en los meses precedentes la carta de la concordia. Le permitía alejarse de Vox, cuya postura era manifiestamente frentista, y ensanchar a un tiempo el espacio de centro a costa del antiguo elector de Ciudadanos, partido que ni siquiera concurría ya a las elecciones, y del votante del PSOE al que se atragantaba la radicalización de los gobiernos de Sánchez. Su estrategia, tras el desgarrón producido en el tejido económico y social por las políticas disruptivas y populistas de la izquierda y los nacionalismos periféricos, era básicamente reparadora. Recomponer el Estado de derecho con todo lo que ello implica, promover el constitucionalismo en el conjunto del territorio, tender puentes, zurcir tramas. Recordaba en su empeño al que tuvieron nuestros políticos en tiempos de la Transición.

Pero para ello era imprescindible no sólo lograr una mayoría suficiente para gobernar, sino que, a su vez, Sánchez cayera derrotado con estrépito y su liderazgo en el partido se desmoronara. Nada de ello ha sucedido. Al PSOE le ha bastado con aventar el miedo a Vox –una estrategia en la que ha colaborado en primerísima línea, todo hay que decirlo, la popular extremeña Guardiola– y recurrir al pasado sacando a Franco a pasear, para movilizar a un electorado que semanas antes no estaba por la labor de votarle. Y como ya viene siendo habitual –pero eso, por su complejidad, merece un artículo aparte–, dentro de la familia socialista la importancia del voto al PSC ha vuelto a ser decisiva.

Veremos qué nos deparan los próximos meses. Pero algo está fuera de duda: vamos a tener por mucho tiempo un país roto. Lo que ya no sabemos es cuánto podrá aguantar.

(The Objective, 27 de julio de 2023)

Ya queda menos para el cierre

Cuando uno es capaz de escribir que “las principales víctimas de las dictaduras comunistas fueron los comunistas que se negaron a la degradación dictatorial de sus ilusiones sociales”, como si entre los más de 100 millones de víctimas pudieran establecerse categorías y valiera y pesara más la conformada por los creyentes desengañados –muchos de los cuales, antes de perder la fe, fueron cómplices de toda clase de crímenes– que la constituida por los millones de hombres, mujeres y niños sin ideología alguna que fallecieron por hambrunas perfectamente planificadas por los distintos regímenes en contra de sus propios habitantes –el de la URSS con respecto a los ucranianos, el de Pol Pot en Camboya con respecto al conjunto de la población, por poner los dos ejemplos más cruentos– o fueron asesinados de forma indiscriminada en los Gulags o allí donde hiciera falta; cuando uno es capaz de escribir lo entrecomillado al principio y resulta que comparte la condición de columnista de nuestro Pravda particular con el cargo de director del Instituto Cervantes, cargo en el que lleva ya un lustro y por el que cobra un sueldo que ronda los 100.000 euros anuales de dinero público nada comunista; cuando a todo lo anterior, en fin, se le añade que ese mismo sujeto se aprestaba, tal y como revelaba ayer aquí mismo Paloma Cervilla, a colocar a dedo a su director de gabinete y a su directora de Cultura en la dirección de los Institutos Cervantes de Lisboa y París, respectivamente, antes del previsible hundimiento electoral, a fin de asegurarles canonjías de cinco años de duración, convendrán conmigo en que no queda más remedio que reconocer, no sólo que la proyección internacional de nuestra cultura ha estado regida este último quinquenio por la inmoralidad y la indecencia, sino que el fin de época que deberían traer los resultados del próximo domingo resulta más que apremiante.

Se me dirá que hay cosas peores que la gestión de Luis García Montero al frente del Cervantes. Sin duda. Peores y de trascendencia infinitamente mayor. Pero como las conocen de sobra, les ahorro, si me permiten, el recopilatorio. Lo que tiene de relevante el caso del Cervantes y su director es que constituye un paradigma perfecto de lo que ha sido el sanchismo: la superioridad moral –antesala de la inmoralidad–, sustentada en la impunidad institucionalizada, el amiguismo del poderoso y el desafío a la legalidad. Según apuntan la gran mayoría de las encuestas, estamos a cuatro días del final del régimen autocrático de Pedro Sánchez. Lo que venga luego, por deficiente que sea, no puede ser sino mil veces mejor que lo malísimo conocido. Claro que el camino que aún queda para llegar al cierre de los colegios electorales no es precisamente tranquilizador.

Y no me refiero a la campaña en sí. Acaso porque lo que mal empieza mal acaba, los últimos compases de este largo interludio entre la legislatura consumida el pasado 30 de mayo, con la disolución de las Cortes, y la inminente cita con las urnas han estado marcados por el vergonzoso episodio del voto por correo. Cuando escribo este artículo, los sindicatos de la empresa pública calculan que quedan por votar por correo 800.000 ciudadanos de los 2,6 millones que lo han solicitado. A su vez, la empresa comunicó mediante una nota de prensa que había entregado el 98,2% de la documentación para el voto a quienes la habían solicitado, y lo hizo sin indicar que en dicho porcentaje estaban incluidos los cerca de 450.000 que no disponen aún de esa documentación porque las dos veces en que intentaron entregársela estaban ausentes de sus domicilios. (Si bien se mira, el sistema de cálculo de la empresa pública recuerda bastante el del propio Gobierno cuando excluye del total de parados a los fijos discontinuos.)

Ignoro cuántos de esos 450.000 ciudadanos se van a quedar mañana jueves sin poder votar por culpa de la mala gestión de los responsables de Correos. Una mala gestión de la que es responsable el amigo y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez –cuyo sueldo anual, por cierto, supera los 200.000 euros–. Pero sería injusto atribuir a Juan Manuel Serrano, que así se llama el agraciado, la máxima responsabilidad del escándalo. La máxima corresponde al todavía presidente del Gobierno por haberle nombrado. Y, sobre todo, por convocar por puro interés personal y sin respeto alguno por los legítimos intereses de sus conciudadanos, unas elecciones que iban a celebrarse en plenas vacaciones de muchos de ellos, lo que no podía sino terminar, por desgracia, como parece que va a terminar: privando a miles de españoles del ejercicio de su derecho al voto.

(The Objective, 19 de julio de 2023)

Votar con la nariz tapada y otros apuntes de campaña

1. Ignoro quién fue el primero en emplear la expresión, de dónde sale, vaya, pero imagino que será una de esas metáforas que resultan de la conjunción entre el lenguaje político y el periodístico. Uno lo crea y lo pone en circulación, el otro le encuentra la gracia y también lo usa, y así hasta entrar en bucle. Sea cual sea su origen, la metáfora tiene una base desagradable: el hedor. Uno se tapa la nariz cuando algo huele mal. De ahí se sigue, claro, que lo que huele mal es la papeleta. Se vota a un partido maloliente, pero, aun así, se le vota. Las razones por las que desprende ese hedor poco importan. El votante habría optado por una opción menos apestosa, por una aromática incluso –la suya de siempre, tal vez–, pero las circunstancias le aconsejan no hacerlo en esta ocasión. Existen, por supuesto, quienes nunca votan con la nariz tapada: los votantes “de toda la vida” de un partido; la militancia, donde se mezclan fanáticos y paniaguados –hoy en día, una vez eliminado el sistema educativo público como ascensor social, ya sólo se puede escalar socialmente con una mínima seguridad en el seno de un partido político–, o los abstencionistas de carnet. Pero los realmente decisivos son los de la nariz tapada. Representan eso que se conoce como “voto útil”, un voto por lo general reflexivo en el que se pesan los pros y los contras y donde lo que menos cuenta quizá sea la ideología.

No hace falta que añada, supongo, que cuantos más ciudadanos decidan en las próximas elecciones ejercer su derecho al voto tapándose la nariz, mucho mejor le irá a la doliente democracia española. 

2. Esta campaña ha traído una novedad a la que no se ha prestado, creo, la debida atención. Me refiero a los trackings, ese seguimiento diario de la intención de voto que los medios de papel han incorporado a sus páginas y replicado en sus ediciones digitales. La novedad, por supuesto, no es que las empresas demoscópicas hagan este tipo de seguimiento; llevan años haciéndolo. La novedad es que los medios lo estén ofreciendo a sus lectores día a día en plena campaña, lo que permite observar de primera mano las fluctuaciones del voto y hacerse una idea de por dónde pueden ir los tiros el domingo 23. Los partidos políticos con posibles han contado siempre con esta clase servicios que les permiten ir ajustando su campaña en función de las tendencias que van detectando. De ahí salen frases del tipo “en Ferraz / en Génova manejan encuestas que les dan…”, tan habituales en todos los medios. Dado que los partidos se financian en parte con dinero público, tal vez podría pedírseles que, en un ejercicio de transparencia, publicitaran también las suyas. Claro que al que habría que exigirle primero esa transparencia por estar financiado con dinero público sería al CIS. No al actual, por descontado; al que venga después.

3. El debate del lunes por la noche fue lo más parecido a un combate de boxeo en el que un púgil va soltando, crispado y fuera de sí, golpes a espuertas, muchos de ellos antirreglamentarios y sin que los árbitros los sancionen, mientras su contrincante los va esquivando e intenta colocar alguno que dé en el blanco, lo que logra en contadas ocasiones. El espectador cuyo voto podía depender en parte del desenlace de la pelea habrá llegado a la conclusión, me temo, de que más vale que nos gobierne la templanza que el desvarío.

4. Cuando faltan diez días para el término de la campaña, si algo consolidan los trackings es el bipartidismo. Los porcentajes y los escaños atribuidos a cada opción política varían ligeramente, pero las oscilaciones suelen darse casi siempre dentro de un mismo bloque. El voto de derecha y el de izquierda parecen bastante estables y apuntan en general a un cambio en la gobernación del Estado. De consumarse el 23J ese vuelco, a Sánchez –en el supuesto de que no tome las de Villadiego– y al PSOE les quedará el consuelo de haber sacado, dadas las circunstancias, un resultado apañadito, con los sumandos de Sumar bastante diezmados en relación con lo obtenido cuatro años atrás por Podemos y sus confluencias. Pero en uno y otro caso, lo que sí está garantizado son las luchas intestinas. O sea, domésticas y viscerales.

(The Objective, 12 de julio de 2023)

¿Y la enseñanza?

No es que uno se haga muchas ilusiones sobre lo que puede deparar una campaña electoral, pero resulta significativo que la enseñanza –o la educación, como la llaman ahora– no haya merecido hasta la fecha casi ninguna atención. Dejando aparte la cuestión del uso del castellano como lengua vehicular –que, por más que debiera afectar a todos los españoles, preocupa y moviliza tan sólo a una parte de los residentes en las comunidades bilingües, donde este derecho es sistemáticamente conculcado–, ¿alguien ha oído hablar en la arena pública de los problemas que tiene la enseñanza en nuestro país y de cómo ponerles remedio? Me temo que sólo en algún artículo o entrevista en los que el autor o entrevistado, ya por experiencia, ya por formación, ya por ambas circunstancias, ha esbozado, partiendo de datos contrastados y tomando como referencia los estándares europeos, la reforma que habría que acometer para que España saliera de la zona de sombra donde se encuentra desde hace décadas, con unas consecuencias que van mucho más allá del ámbito estrictamente educativo, hasta el punto de lastrar el progreso económico y social del país.

Pero ¿y los políticos? Que los de izquierda y los nacionalistas se desentiendan del asunto y no lo vean como un problema es bastante comprensible. El modelo vigente lo han fabricado ellos a lo largo de estas mismas décadas. Ya les conviene, por decirlo llanamente. Sólo les preocuparía que algún gobierno pretendiera modificarlo. Entonces, de una parte y de otra habría llamadas a la movilización, a la defensa de la “escuela pública” –como si en algún periodo de nuestra democracia se hubiera planteado siquiera reducirla–, a la lucha contra el retorno del fascismo a nuestras aulas incluso. Al carecer de evaluaciones y transparencia y estar dejado de la mano del dios autonómico –esa suma de 17 diosecillos– el sistema educativo que han promovido es un sistema opaco, descoyuntado y condenado en el mejor de los casos a una mediocridad sin remedio. ¿Que estamos a la cola de Europa? La culpa sigue siendo del franquismo, como aseguró, hará pronto dos décadas, esa lumbrera llamada Rodríguez Zapatero.

La apropiación del modelo por parte de la izquierda y los nacionalismos responde a la convicción profunda de que sólo ellos tienen derecho a gestionar ese pilar del Estado, amoldándolo, por supuesto, a sus creencias y propósitos pedagógicos. Cuando se constituyó en el Congreso la comisión encargada de alcanzar un pacto educativo, sus trabajos progresaron adecuadamente y estuvieron muy cerca de desembocar en un proyecto de nueva ley educativa, consensuado entre las distintas fuerzas políticas. Pero en eso regresó Sánchez a la secretaría general del PSOE y en un par de semanas todo se vino abajo. El Grupo Socialista se descolgó del pacto con una burda excusa, le siguió Podemos, y no hubo ya nada que hacer para salvar una iniciativa que, en teoría, era demandada por una gran mayoría de los españoles. Meses más tarde, Sánchez alcanzaba el poder mediante una moción de censura y ponía a Celaá al frente del Ministerio de Educación con la encomienda de elaborar una ley que sustituyera a la Lomce y volviera a la senda de la Logse y la Loe. O sea, al modelo que había situado a España en la zona de sombra que ocupaba y continúa ocupando en todos los ránquines europeos y de los países económicamente desarrollados.

Si a partir del 24 de julio se da en España un cambio de mayoría parlamentaria y, en consecuencia, un nuevo gobierno, la Lomloe y sus desvaríos pedagógicos –entre los que se cuentan unos currículos tan yermos de contenido como deleznables ideológicamente– tendrán, a juzgar por lo manifestado por PP y Vox, los días contados. Bien estará, por supuesto. Eso sí, con vistas al futuro, el nuevo gobierno no debería caer, como en el pasado, en la trampa de buscar nuevos consensos con la izquierda y los nacionalismos. Se embarraría, perdería el tiempo y se lo haría perder a los ciudadanos de forma lamentable. En cambio, si de verdad quiere ir al fondo del asunto y elaborar el modelo de enseñanza que este país necesita, le recomendaría que se dejara guiar en todo momento por la divisa formulada por Josep Pla en sus escritos crepusculares: “Yo creo, y la vida me lo ha demostrado, que, cultura, solo hay una; que, pedagogía y universidad, solo hay una; que, observación real, solo hay una, y que, para poseerlas, hay que ejercer una gran presión sobre las veleidades del organismo a fuerza de trabajar, trabajar y trabajar”. Nada habría más revolucionario, se lo aseguro.

(The Objective, 5 de julio de 2023)