Las políticas desarrolladas en España durante las dos últimas legislaturas –o sea, desde 2015– allí donde han gobernado la izquierda poliédrica o la amalgama nacionalista se han caracterizado en gran medida por su intervencionismo. Lo mismo cabe decir de las llevadas a término por el Gobierno central desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder –o sea, desde junio de 2018–. De una cosa y de otra se sigue naturalmente que en los últimos cinco años el menoscabo de la libertad del ciudadano, la progresiva intrusión en su privacidad, unidos a la figura de un Big Brother que afirmaba velar por nuestro bien al tiempo que nos atemorizaba con toda clase de apocalipsis venideros no hayan hecho más que incrementarse. En este sentido, los resultados del 28 de mayo deben interpretarse sin duda como un rechazo tajante de lo que ha supuesto el sanchismo; pero también, atendiendo sobre todo al ámbito autonómico, como la impugnación de unas políticas que ya desde 2015 habían ido cercenando en gran parte de España, peldaño a peldaño y sin descanso, los derechos de los ciudadanos.
No es de extrañar, pues, el énfasis en la libertad que han puesto los redactores de los dos acuerdos suscritos entre PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, respectivamente. Son textos bastante distintos, porque distintos son los territorios, la relación de fuerzas entre ambos partidos y el resto de las fuerzas parlamentarias –en Baleares el PP tiene, sin la ayuda de los de Vox, más escaños que la suma de los logrados por la oposición de izquierda y nacionalista– y las circunstancias en que fueron suscritos. El de la Comunidad Valenciana, mucho más cercano a un programa de gobierno, consiste en un listado de 50 medidas agrupadas en diversos apartados, el primero de los cuales lleva como título “Libertad”. El de Baleares es mucho más difuso e inconcreto, una suerte de marco general a partir del cual ir desgranando en adelante actuaciones más precisas. Lo que no significa, claro, que de él no pueda extraerse ya alguna que otra lección, como enseguida veremos. Para concluir la comparación entre ambos textos, digamos que en el caso de la Comunidad Valenciana el acuerdo incluye la presencia de Vox en el gobierno autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, mientras que en el caso de Baleares a Vox le corresponde la Presidencia del Parlamento y todo indica que, a cambio, el futuro gobierno estará integrado tan sólo por consejeros del Partido Popular.
Pero volvamos al documento suscrito anteayer por los portavoces de ambos partidos en Baleares. El primer apartado, al igual que en el texto valenciano, lleva por título “Libertad”, por más que aquí al nombre se le añade un desarrollo en el propio epígrafe: “las personas en el centro de la acción política”. Y a continuación, en tres párrafos, los ámbitos de aplicación de esa libertad. Entre ellos, destaca el relativo a la educación. Libertad de elección de centro escolar, de primera lengua de enseñanza; voluntariedad de las actividades extracurriculares, y todo ello dentro de un modelo basado en el mérito y el esfuerzo y exento de adoctrinamiento ideológico. Como es natural, en este y en los demás ámbitos habrá que esperar a conocer las medidas con las que el nuevo gobierno se propone cumplir con lo expuesto en ese marco general y la gradualidad con que piensa aplicarlas a lo largo de la legislatura. De esta y de la siguiente, dado que sería de ilusos creer que en cuatro años se puede cambiar un modelo educativo implantado desde hace por lo menos un cuarto de siglo. Paciencia, pues, y también firmeza. Como en las cordadas, el gobierno deberá asegurar el terreno que pisa antes de dar un nuevo paso. No son pocos los que ya acechan y amenazan, desde posiciones afines a las del antiguo gobierno, con tomar la calle e intentar que el que el ejecutivo que está por venir fracase.
Uno de los lemas usados por el PSOE en la precampaña de las elecciones locales y autonómicas era “El Gobierno de la Gente”. También por el PSIB-PSOE, claro. “La gente” es ese populismo que tanto gusta utilizar a quienes conciben la política como la traslación de sus presupuestos ideológicos a una masa informe de ciudadanos sin otro derecho a réplica que el que les procura cada cuatro años la posibilidad de votar. “La gente”, en política, es un término que sirve, entre otras cosas, para encubrir lo personal con lo colectivo, supeditar las libertades del individuo y los derechos que le reconoce la ley a los intereses espurios del grupo y sacrificar, en definitiva, la identidad de cada uno en beneficio de la presunta identidad de la tribu. Así pues, que el nuevo gobierno de Baleares se proponga pasar de la gente a las personas y revertir con sus políticas dicho estado de cosas no puede ser sino una buena noticia.