El consorcio nacional

La Sindicatura de Cuentas ha encontrado materia reprobable en el Consorcio para la Normalización Lingüística (CNL). Al parecer, la irregularidad consistió, entre otras minucias, en contratar a 103 trabajadores más de los previstos en el presupuesto de 2010 aprobado por el Parlamento catalán o, lo que es lo mismo, en gastar 4,4 millones más de los que el organismo —compuesto por la Generalitat, 95 ayuntamientos, 33 consejos comarcales y la Diputación de Gerona— tenía asignados a dicho capítulo. Por supuesto, que nuestras administraciones gasten más de lo que hay en caja no constituye ninguna novedad. Pero que lleguen al extremo de ampliar por las bravas la única de las partidas que en todo presupuesto público se considera inviolable, la de personal, ya resulta más noticioso. De todos modos, si en algún organismo podía suceder algo así, era, sin duda, en el CNL. Se trata, por así decirlo, de un cuerpo expansivo por naturaleza. Dotado de tres patas —profesores, correctores y los llamados dinamizadores, una suerte de «force de frappe» lingüística—, fue creado hace más de dos décadas con el fin de ir implantando el catalán, por grado o por fuerza, en el conjunto del territorio. Pero, en aquel entonces, con CIU en el poder, el presupuesto que la Generalitat destinaba al CNL resultaba bastante limitado, por lo que eran las demás administraciones consorciadas las paganas. De ahí la profusión de reglamentos lingüisticos en las entidades locales: si el catalán era la lengua de la casa, había que empezar a formar al funcionariado, a corregir y traducir la documentación y a llevar la buena nueva a todas partes. Y, claro, había que financiarlo. Pero, con la llegada de ERC al Gobierno, el dinero empezó a fluir sin límite ni control algunos. Se trataba de «normalizar» el país. Y de asegurar que todos los apóstoles de la causa tuvieran de qué comer. Tuvieron y me temo que siguen teniendo. No puede decirse lo mismo de los demás ciudadanos.

(ABC, 21 de julio de 2012)