García Montero, al rescate del Gobierno

Tal vez recuerden aquella entrevista que a Pedro Sánchez le hicieron en Radio Nacional recién celebradas las segundas elecciones generales de 2019 y en la que, en respuesta a un periodista de la casa que le preguntaba cómo se las compondría para traer a Puigdemont a España, el entonces presidente en funciones respondía con otra pregunta: “¿La Fiscalía de quién depende?” “¿De quién depende?”, insistía. A lo que su seguro servidor contestaba: “Sí, sí, del Gobierno”. “Pues ya está”, remachaba Sánchez, ufano. Como es natural, las principales asociaciones de fiscales expresaron al punto su malestar, cuando no su indignación. Lo que vino después no hizo sino demostrar el poco caso que Sánchez tenía pensado hacerles.

Esta breve secuencia resume a la perfección lo que entiende Pedro Sánchez por ejercicio del poder: una sumisión a su persona y a sus intereses por parte de cuantas personas e instituciones él cree que están a su servicio –aquí la Fiscalía y la radio pública–. El respeto a la división de poderes, en el supuesto de que haya oído hablar de ella, no ha entrado nunca en sus planes. Pero incluso dentro del mismo poder que preside, la existencia de una Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, creada por una ley de agosto de 2024 y de la que depende la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano colegiado encargado de investigar el trágico accidente de Adamuz para determinar las causas del siniestro; la existencia de esa Autoridad, decía, debería haberle intranquilizado, aunque sólo fuera por la palabra independiente incrustada en el nombre. Pero seguramente no fue así, al igual que en el caso del ministro Óscar Puente, convencidos como estarían uno y otro de la eficacia de otra ley, esta no bendecida por el poder legislativo: la del “¿de quién depende?”

Por desgracia para Sánchez y su sosias vallisoletano, el intento de colonización de la CIAF, si intento ha habido, no ha surtido efecto. El presidente de la comisión, Iñaki Barrón, adelantaba este martes no ya una mera hipótesis sobre la causa del accidente, sino casi casi una certeza, y esta no concordaba con las facilitadas a trancas y barrancas y en sucesivas contradicciones por el propio Puente. Total, que Barrón, pese a las sospechas iniciales que ponían el acento en el carácter dependiente de la CIAF por su adscripción al Ministerio de Transportes, ha hecho honor a la independencia de la Autoridad de la que pende. Dicho de otro modo: ni Puente ni el resto del Gobierno, incluyendo a su presidente, pueden con todo.

Por suerte, Luis García Montero está siempre al quite. Y no por la labor que se le supone al frente del Instituto Cervantes –aunque aquí también ha sido protagonista de más de una colisión–, sino por la que lleva a cabo como bombero del Gobierno desde su columna semanal en El País, hasta el punto de hacerse merecedor del sobrenombre de Luis García Bombero. Cada vez que el Gobierno se encuentra en un aprieto –en uno de los gordos, se entiende, que de un tiempo a esta parte son casi todos–, allí está el poeta engagé para intentar apagar el fuego. Hace algo más de medio año, por ejemplo, justo la semana en que el juez del Supremo Ángel Hurtado enviaba a juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz, García Montero la emprendía en su columna contra algunos jueces por atreverse a suplantar “la voluntad del pueblo encarnada en la política”. O sea, en la Fiscalía. Es más, para despejar toda duda sobre sus intenciones, abogaba por que la Fiscalía ejerciera de contrapoder de estos jueces, a los que afeaba su soberbia.

Ahora el incendio es de otra naturaleza. Ahora se trata del accidente de Adamuz. Pero afortunadamente para el Gobierno, García Montero tiene recursos para todo. En esta ocasión, después de recordar el número de fallecidos en el choque de trenes, de preguntarse “cuáles son las causas de este maldito accidente” y de dejar la pregunta sin respuesta, enumeraba las cifras de muertos en otras tragedias, que nos “ayudan a comprender la realidad”: los muertos en Gaza, en Irán, en Ucrania. Y hasta los habidos en Venezuela cuando el rapto del dictador Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos. Hecha la equiparación, constatado que los nuestros pesan poco en comparación con los de los demás y concluir que “así están las cosas en el mundo”, ¿quién se acuerda ya de las malditas causas del accidente?

Luis García Montero. ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está.

(The Objective, viernes 30 de enero de 2026)

La indignidad de la inmersión lingüística obligatoria

“Yo no soy de Cataluña. Soy valenciano. ¿Cuál es mi lengua materna y lo será siempre? El castellano. (…) La lengua materna es aquella en la que empiezas a expresarte, no la de un territorio.” Quien así razonaba era Lluís V. Aracil. Sus palabras figuran en el libro de Iván Tubau Nada por la patria y están extraídas de la entrevista que el propio Tubau le hizo a Aracil hace justo cuatro décadas. O sea, en 1986. Lo que las hace singulares, más allá de su significado y del año en que fueron pronunciadas, es la personalidad del enunciante. Aracil estaba considerado como el padre de la sociolingüística catalana y el introductor –cito a Tubau– de “la noción de ‘normalización lingüística’, que se ha llevado en Cataluña más lejos que en parte alguna”. Dicho de otro modo: quien las pronunció se enmendó a sí mismo tras comprobar los estragos que la política lingüística emprendida por la Generalidad de Jordi Pujol –la llamada inmersión en catalán en la enseñanza, en concreto– estaba ocasionando. O, dándole de nuevo la voz a Aracil: “La inmersión de los niños castellanohablantes de Cataluña en el catalán atenta contra la dignidad humana”. Afirmación a la que seguía un vaticinio: “Tarde o temprano llegará el asco, el aburrimiento de esto del catalanismo. Pero la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación ya será para entonces una devastación mucho más grave de lo que fue el franquismo. Estoy seguro. Porque van más directamente a incapacitar y a indignificar a la gente con eso de la lengua del territorio.”

De la entrevista, insisto, hace cuarenta años. Y su vaticinio no parece que esté lejos de cumplirse, si no se ha cumplido ya, cuando menos en lo tocante a la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación. Pero la perversión de la implantación del modelo de inmersión lingüística en aquellas comunidades autónomas donde aparte de la lengua común existe una lengua cooficial reconocida por el respectivo estatuto como propia del territorio no atañe tan sólo al ámbito moral; también al meramente educativo. Este martes el diario El Mundo traía un largo artículo de Olga R. Sanmartín, basado en el trabajo del economista Ángel Martínez a partir del análisis de los microdatos extraídos de los informes TIMMS (realizados con los resultados obtenidos en pruebas con alumnos de cuarto de Primaria) y PISA (con los obtenidos con adolescentes de 15 años). De él se desprende, entre otras conclusiones, que España es uno de los países de la Unión Europea con un porcentaje mayor de alumnos cuya lengua de aprendizaje en la escuela difiere de la que emplean en casa, es decir, de la familiar o materna, porcentaje que, por lo demás, ha ido en aumento en los últimos años. Los factores que influyen en esa “discordancia lingüística” son el bilingüismo, la inmigración y la inmersión, que pueden darse por separado o a la vez –el último, por ejemplo, sólo en determinadas comunidades autónomas con lengua cooficial, bien de forma absoluta, como en el caso de Cataluña, bien de forma parcial–. Sobra añadir que los efectos de tal discordancia en el rendimiento educativo no son precisamente positivos; de ahí que deberían ser, caso de que a nuestros gobernantes les preocuparan lo más mínimo, motivo de reflexión y acarrear un firme propósito de enmienda.

Pero no basta con enunciar, sin más, los factores apuntados en el artículo; todos requieren matización. Así, el bilingüismo entendido como la concurrencia de dos lenguas vehiculares en una misma línea educativa difiere según que estas lenguas sean la castellana y la cooficial –y aún aquí habría que distinguir entre el caso del vascuence y el del resto de las lenguas cooficiales, mucho más próximas a la común– o según que sean la castellana y la inglesa, por las dificultades que conlleva para gran parte del profesorado impartir la materia que tienen encomendada en una lengua que la mayoría de las veces no dominan, lo que acaba resultando en un aprendizaje defectuoso por parte del alumnado. En cuanto a la inmigración, la discordancia recae, como es lógico, en la que no es hispanohablante y, muy particularmente, en la procedente de familias lingüísticas distantes de la nuestra. Con todo, más incluso que la lengua, aquello que termina afectando negativamente al aprendizaje es a menudo el nivel socioeconómico y cultural de la familia inmigrante, en especial cuando se trata de la escuela pública.

Y en lo que respecta al modelo de inmersión, el principal problema no está en la eficacia de la inmersión en sí, como acostumbra a probarlo el rendimiento de aquellos alumnos cuyos progenitores han querido y podido escolarizarlos –en inglés, francés, alemán– en centros privados donde se emplea el modelo, sino en su obligatoriedad, en especial de nuevo en la escuela pública, aunque también en parte de la concertada. Cataluña, y en menor medida Baleares, han convertido el catalán en la única lengua de aprendizaje, y todo indica que en el País Vasco llevan camino de hacer lo mismo. Poco importa que una mayoría de la población residente en estas comunidades autónomas tenga como lengua materna el castellano. Poco importa que, a la postre, los resultados de las pruebas internacionales demuestren que la inmersión es cada vez más nociva para el aprendizaje. Poco importa que un experto en educación como Francisco López Rupérez, en un estudio basado en los datos de PISA, haya llegado a la conclusión de que los alumnos catalanes van un curso por detrás de los de la Comunidad de Madrid por el lastre que supone para una mayoría de ellos estar estudiando en una lengua distinta de la materna. Poco importan, en definitiva, las evidencias. Aquella falta de dignidad que Aracil atribuía hace cuarenta años a quienes habían empezado a aplicar a la fuerza el modelo de inmersión lingüística en catalán a los niños castellanohablantes puede extenderse por igual a quienes han seguido sus pasos haciendo caso omiso de las consecuencias educativas que entrañaba y que a la vista estaban y están.

(The Objective, 16 de enero de 2026)

Feijóo y la magnitud del cambio

En su reciente comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de 2025, Alberto Núñez Feijóo prometió impulsar, cuando le llegue la hora de gobernar –momento que él sitúa en 2026–, “el mayor cambio a mejor de la historia de España”. Antes había afirmado que el año que acabamos de cerrar había sido “el peor año del peor Gobierno en democracia”. No sé si el presidente del Partido Popular o quien le redacte los discursos reparó en algún momento en que ese “mayor cambio a mejor de la historia de España” dependerá tanto de lo que llegue a hacer el gobierno que Feijóo alcance a presidir como de lo hecho por el precedente, o sea, el actual. Y si este, a juzgar por sus propias palabras, ha sido “el peor Gobierno en democracia”, a Feijóo le va a bastar con muy poco para protagonizar ese cambio a mejor y poder decir de este modo que ha cumplido con su palabra. Otra cosa es que vaya a ser el mayor cambio de la historia de España. Hace medio siglo, sin ir más lejos, se inició uno que nos permitió pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria y que tanta importancia tuvo que causó la admiración si no del mundo entero, sí de muchísimos países.

Cuando uno se entrega al desenfreno verbal se arriesga a hacer el ridículo. Lo mismo por las obviedades en que cae que por las hipérboles a las que recurre. Además del mayor utilizado para hinchar el cambio, Feijóo aseguró que “España es un gran país”. No es la primera vez que un político echa mano del tópico. En el propio Partido Popular, por ejemplo, lo usaron ya José María Aznar y Mariano Rajoy. Y hasta el rey Felipe VI lo empleó hace unos días en su discurso de Nochebuena. Pero Feijóo fue más allá y le añadió “el mejor del mundo”. Ahí es nada. Que España es un gran país puede entenderse en más de un sentido, todos ellos justificables y, por lo tanto, refutables, pero de ahí a venirse arriba y sostener que es el mejor país del mundo hay un trecho descomunal.

El resto de su intervención se centró mucho más en los fracasos del “peor Gobierno en democracia” que en el gran salto adelante prometido por el líder popular. Y es una pena. Por más que un balance del año acostumbre a ceñirse a lo que ha sido la gestión gubernamental y que este 2025 haya dado para un montón de titulares, a muchos ciudadanos, a estas alturas del sanchismo, lo que seguramente les interese saber no es tanto lo ocurrido en los últimos doce meses como qué hará el próximo ejecutivo cuando la fuerza de los hechos arrumbe al actual. Y, en concreto, qué reformas abordará para que lo ocurrido en España desde 2018 no pueda volverse a producir en el futuro. Y ello tanto en el campo institucional como en el social y económico, tanto en la política interna como en la exterior. 

Habrá quien objete, no sin razón, que en el último congreso del partido, celebrado en julio del año pasado, Feijóo ya presentó un decálogo con las grandes promesas que piensa tomar si llega a la Moncloa. Pero el caso es que lo hecho hasta hoy por los gobiernos autonómicos con presidentes del PP no permite abrigar grandes esperanzas. Ese “mayor cambio a mejor de la historia de España”, que cabría adivinar, cuando menos a pequeña escala, en las políticas de los ejecutivos que se formaron a mediados de 2023, no se ve por ninguna parte excepto en lo relativo a la fiscalidad. Así, no ha habido voluntad ninguna de romper con lo heredado, de descolonizar las instituciones mediante las reformas necesarias para garantizar su independencia, de eliminar organismos públicos superfluos, de garantizar la enseñanza en nuestra lengua común allí donde no lo está, sino simple y placentero acomodo. El cambio a mejor, si cambio ha habido, ha venido más de las condiciones que le han puesto sus socios de Vox, allí donde eran imprescindibles, para facilitar investiduras y aprobar presupuestos, que de lo que el PP estaba dispuesto a hacer.

Ojalá el precedente autonómico, lejos de ser un anticipo de lo está por llegar, suponga un estímulo para no caer de nuevo en el mismo error.

(The Objective, 2 de enero de 2026)