Aquel Ciudadanos

Sostiene Guillermo del Valle, en relación con el partido que se está gestando a partir del think tank El Jacobino, del cual es portavoz, que no le parece inteligente “reproducir un Ciudadanos 2.0, que nació como un partido de centro izquierda en Cataluña, pero que en su expansión nacional emborronó eso” (El Mundo, 24 de diciembre). Como algo sé del asunto, creo que sus palabras precisan de alguna acotación.

Estoy de acuerdo en que no sería inteligente reproducir una nueva versión de Ciudadanos. Pero no por la razón que aduce Del Valle, sino porque las circunstancias, casi veinte años más tarde, son muy otras. Aquel Ciudadanos nació, en efecto, en Cataluña, pero no lo hizo, por más que siga habiendo quien insista en ello, como un partido de centro izquierda. Ya desde el manifiesto fundacional quedó plasmada la voluntad de que la formación tuviera un ideario no estrictamente socialdemócrata y abarcara también el centro derecha liberal. El propósito de restituir el principio de realidad que el nacionalismo hegemónico había hurtado a los ciudadanos de Cataluña, con el beneplácito interesado de los dos grandes partidos nacionales, iba más allá del empeño de intentar resucitar el espíritu de la vieja federación del PSOE, disuelto en el catalanismo del PSC; apuntaba asimismo al votante de un Partido Popular al que la defenestración de Aleix Vidal-Quadras había privado de su máxima figura en la lucha contra el nacionalismo pujolista. Y es justamente esa expansión bifronte la clave de su éxito en las autonómicas de 2006, cuando logró que, por primera vez desde 1984, una fuerza política de nuevo cuño estuviera representada en la Cámara regional y con un discurso nítidamente antinacionalista.

Sirva para apuntalar esa tesis una anécdota de cosecha propia. En el año que transcurrió entre la publicación del manifiesto y el congreso fundacional del partido algunos de los quince primeros firmantes tuvimos distintos encuentros con las llamadas fuerzas vivas del lugar, a instancias casi siempre de estas últimas. Una de esas reuniones –una cena, en concreto, a la que asistí– fue con el propio presidente del PP catalán, el malogrado Josep Piqué. Pues bien, el encuentro, pronto se vio, tenía un único objetivo: convencernos de desistir de nuestro propósito de fundar un partido. Según las encuestas que manejaban –esto nos trasladó, al menos, el propio Piqué– no íbamos a sacar representación y ellos, encima, saldrían lastimados. En lo segundo llevaba razón: el PP perdió un escaño y la cuarta parte de los votos. No así en lo primero, como se ha dicho, aunque el objetivo se lograra por los pelos.

Es cierto que luego, a partir de su segundo congreso, Ciudadanos se decantó de forma más clara hacia el centro izquierda. Pero su pervivencia y posterior crecimiento parlamentario tuvo poco que ver con la adscripción ideológica y mucho que ver, en cambio, con la lucha sin tregua contra el nacionalismo –sin olvidar, claro está, los méritos atesorados por su líder de entonces–. Lo que sí resulta indudable es que su expansión nacional, como afirma Del Valle, se hizo gracias sobre todo al voto de centro derecha –lo que yo ya no sabría decir es si esto emborronó o no lo anterior–.

Sea como sea, insisto en que me parece acertada la idea de no intentar emular a día de hoy lo que fue la fundación de Ciudadanos. En primer lugar, porque Ciudadanos todavía existe, aun cuando su presencia y actividad en Cataluña –otra cosa es en el Parlamento Europeo– se asemeje cada vez más a las de los famosos aldeanos de Astérix y compañía. Luego, porque el espacio que llegó a ocupar en sus mejores momentos está hoy ocupado por el PP y por Vox, y en mucha menor medida por el PSOE. Y luego, en fin, porque lo que termine dando de sí eso que hoy se conoce como El Jacobino no nace en Cataluña y como una réplica al nacionalismo, sino en el conjunto de España y como una réplica al partido hasta hoy hegemónico de la izquierda, al que pronto ya no conocerán ni los que aún le votan.

Y, así las cosas –y no de otro modo–, bienvenido sea, si cuaja, este nuevo partido y ojalá la suerte no le sea esquiva.

(The Objective, 27 de diciembre de 2023)

El Rey no viaja solo

El diario Abc elevó ayer a rango editorial el hecho de que el Rey hubiera realizado dos viajes oficiales consecutivos –Buenos Aires y Kuwait– sin que le acompañaran el presidente del Gobierno o algún ministro, como es, si no preceptivo, sí habitual, y lo contrapuso a la prestancia con que catorce de los segundos habían acudido un lunes por la mañana, en plena jornada laboral, al Círculo de Bellas Artes para asistir a la presentación del nuevo libro apócrifo de Pedro Sánchez. Según indicaba el propio medio, no era la primera vez que el Rey viajaba solo, pero había sido en ocasiones contadas y excepcionales e incluso con ejecutivos del PP. Ahora, en cambio, la sensación es distinta. Como los gobiernos de Sánchez tienen más colores que la cola de un pavo real macho, los acompañantes de Felipe VI suelen asignarse conforme a las simpatías que despierta el anfitrión. En plata: como Milei no despierta ninguna en el actual ejecutivo, más bien al contrario, la representación del Gobierno no fue más allá de la de secretario de Estado.

Esa falta de sentido institucional por parte de Pedro Sánchez y quienes le secundan, aun cuando ya se diera en anteriores legislaturas, se ha incrementado notablemente en la presente. La violencia ejercida contra al poder judicial y el uso partidista de la Fiscalía General del Estado; el ninguneo al que se somete al legislativo, reducido a simple correa de transmisión del ejecutivo, como muestran los nombramientos llevados a cabo en los servicios jurídicos del Congreso o las decisiones tomadas por la presidenta Armengol para amoldar la agenda de la Cámara a los intereses del Gobierno; el desprecio, en suma, por la separación de poderes no son en absoluto ajenos al trato dispensado al jefe del Estado. Al fin y al cabo, sus actos deben ser refrendados “por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” (CE, art. 64), por lo que la ausencia del presidente o un ministro en un viaje oficial de Felipe VI y su sustitución por un secretario de Estado o un subsecretario –como en Kuwait–, no puede sino considerarse un desaire institucional a la Corona, símbolo, según la Constitución, de la unidad y permanencia del Estado.

¿Qué se propone Sánchez con este juego? ¿Se trata de una manifestación miserable de un autoproclamado “Yo, el Supremo”, por decirlo a la manera de Roa Bastos, incapaz de soportar que haya alguien en el Estado por encima de él? ¿Se trata de rebajar la figura del Rey, en este y otros campos, porque así lo exige el prófugo de quien depende para seguir en el poder y que no puede olvidar el papel de Felipe VI, con su discurso del 3 de octubre de 2017, en la gran movilización ciudadana del 8 siguiente que terminó de dar al traste con lo quedaba entonces del Procés? ¿Se trata, en fin, de ir laminando su autoridad para facilitar la remoción del Estado en la que está embarcado y cuyo último estadio puede ser la reforma de la Constitución? Las respuestas afirmativas a esas tres preguntas son perfectamente compatibles y, a mi entender, nada improbables.

El Rey, en consonancia con su papel de árbitro y moderador, no expresa su parecer con respecto a la actual situación política, pero lo deja traslucir. Su incomodidad es manifiesta: las imágenes de su encuentro con Francina Armengol cuando la presidenta del Congreso fue a anunciarle la investidura de Pedro Sánchez o aquellas en las que aparecía con este último en el acto de promesa del cargo componen un retablo que por sí solo debería bastar para que el presidente del Gobierno recondujera su relación. En contraste con los semblantes risueños de ambos políticos, el monarca mostraba un rostro serio y preocupado, algo inhabitual en él en circunstancias similares.

Sánchez ha convertido esta legislatura en un ejercicio de confrontación. De confrontación política y, pues, ciudadana. Su cruzada contra lo que él denomina las derechas, contra las instituciones que se niegan a doblar la cerviz ante sus designios, contra los propios principios del Estado de derecho, contra todo aquello y todo aquel, en definitiva, que suponga o pueda llegar a suponer un obstáculo, no han dejado al Rey al margen. Pero, si bien se mira, aquellos que no estamos dispuestos a comulgar con la ambición del personaje y sus consecuencias, no deberíamos lamentarnos de la suerte de nuestro Rey, sino felicitarnos de que, en ese tablero ideado por el fullero mayor, Felipe VI esté hoy día junto a nosotros. Porque al contrario de lo que pasa cuando las decisiones dependen de Sánchez y los suyos, el Rey de España no viaja solo.

(The Objective, 20 de diciembre de 2023)

¿Otra traición de los profes?

Gabriel Attal, ministro de Educación francés, anunció el pasado 5 de diciembre una serie de medidas de cara al próximo curso que van a suponer, si terminan aplicándose, una verdadera convulsión en el sistema educativo del país vecino. De hecho, ya a comienzos del presente curso el ministro avisó de por dónde irían los tiros. El principal objetivo de su futura reforma, sostuvo, era elevar el nivel del alumnado en todas las etapas educativas. Que el anuncio concreto de las medidas dos meses más tarde viniera a coincidir con la difusión de los resultados del informe PISA de 2022, los cuales reflejan un bajón considerable de los jóvenes quinceañeros franceses en comprensión lectora y en matemáticas, no puede considerarse, pues, una reacción a los resultados, sino más bien la confirmación de que el propósito ministerial de comienzos del curso escolar era de todo punto ajustado a los hechos.

Pero la convulsión en el sistema a la que me refería al principio tiene que ver con la naturaleza de las medidas contempladas. Ahí van las más singulares. El ministro, consciente de que el reto de aumentar los saberes debe afrontarse ya desde Primaria, propone la adopción del método de Singapur para las matemáticas adelantando por ejemplo el aprendizaje de los quebrados y los números decimales al primer curso de Primaria. También preconiza –y lo traducirá en un decreto durante el primer trimestre de 2024– que la última palabra sobre la repetición de curso corresponda al equipo pedagógico del centro en vez de a los padres del alumno en cuestión, como hasta ahora. Y entre sus objetivos figura igualmente el de homogeneizar y supervisar los contenidos de los libros de texto. 

Pero acaso lo más llamativo sean las medidas propuestas para la etapa del Collège, equivalente, año más, año menos, a lo que aquí conocemos como ESO. Attal ha anunciado que a partir del próximo curso empezará la implantación de grupos de nivel en matemáticas y lengua. En otras palabras, los alumnos serán separados –segregados, dirían nuestros renovadores pedagógicos– según el nivel acreditado, con la particularidad de que aquellos a los que corresponda el nivel inferior formarán parte de un grupo más reducido a fin de recibir una atención más personalizada. La mayoría de los sindicatos docentes ya se han apresurado a manifestar su disconformidad con la medida apelando a la presunta estigmatización de los alumnos afectados, lo que confirma que su mayor preocupación –lo mismo ocurre, claro, con los sindicatos de por aquí– no es tanto el nivel de conocimiento de los alumnos como razones de índole moral, cuando no estrictamente ideológicas, cuya pertinencia, por lo demás, está por demostrar.

Y, junto a esa disposición, el ministro también pretende conferir a la prueba de final de etapa –o sea, previa a la entrada en el Lycée, equivalente a nuestro Bachillerato, pero con tres cursos en vez de dos– carácter selectivo, en la medida en que aquel alumno que quiera acceder al Lycée deberá necesariamente superarla. Como deberá superar el ya tradicional Bac si desea obtener el título de Bachillerato.

Los conocedores de la legislación educativa en España se habrán percatado, sin duda, de los muchos parecidos entre, de un lado, el modelo de Attal y, de otro, las reformas que tanto la Lomce como antes la Loce introdujeron en la Loe y la Logse, respectivamente, sin que diera tiempo a sus promotores, sobre todo en el caso de la Loce, a ponerlas en práctica. Aparte de los vaivenes electorales, las movilizaciones del conglomerado granítico formado por los partidos de izquierda y nacionalistas, los principales sindicatos docentes y estudiantiles y las asociaciones de padres de ideologías afines lo impidieron en las calles y en los propios centros, haciendo bueno el lema “La escuela es nuestra” y nada más que suya. Las del modelo de Attal, que siguen a las del también ministro Blanquer, cuentan con el aval del presidente de la República, Emmanuel Macron. Un apoyo mucho más estimable, al cabo, por el rango de quien lo presta y la duración de sus dos mandatos presidenciales, que el de los gobiernos del Partido Popular que promovieron ambas leyes.

 

Claro que todo dependerá al final del profesorado. Así lo reconoce el propio ministro Attal. ¿Serán capaces los profesores franceses de romper la correa de transmisión ideológica del lobby educativo, no muy distinto del nuestro, y actuar en beneficio de la transmisión y asimilación del conocimiento, al margen de sectarismos y adoctrinamientos de toda clase? En 1988, Jean-François Revel publicó un libro fundamental, La connaissance inutile (existe una reedición reciente en español, El conocimiento inútil, Página Indómita, 2022), donde analizaba, entre otras muchas cuestiones, la penetración de la ideología en las aulas a lo largo del siglo XX y, en particular, en aquella década de los ochenta. El capítulo en cuestión se titulaba “La traición de los profes” y anticipaba lo que iba a ocurrir en España dos años más tarde a raíz de la aprobación de la Logse. De entonces acá, la realidad educativa española ha ido empeorando a marchas forzadas, ante la indiferencia y la apatía de nuestros gobernantes; baste ver cómo han reaccionado tras hacerse públicos los resultados de PISA. ¿Tendrán más suerte las nuevas generaciones francesas, que al fin y al cabo cuentan con un sustrato cultural y educativo bastante más sólido que el nuestro? ¿Volverán a traicionarles sus profes? Si se tratara de los de aquí, y con la honrosa y meritoria excepción de algunos valientes, poco cabría esperar.

(The Objective, 13 de diciembre de 2023)

El comisario Gracia, los intelectuales y la Constitución

Se cumplen hoy nueve lustros de la aprobación en referéndum de la Constitución. Nueve lustros, o sea, 45 años. La precisión es pertinente, dado que nuestro flamante ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que medio lustro equivale a un cuarto de siglo, con lo que, si por él fuera, nueve lustros serían cuatro siglos y medio. Y hasta ahí podíamos llegar. Como semejante afirmación se materializó en un tuit y Urtasun debe de tener quien se los escribe por más que él los firme, cabría exculparlo y desear, por el bien de la cultura española, ya muy maltrecha, que el ministro haya tomado medidas y contratado a otro escribidor. Del mismo modo que cabría exculpar a Francina Armengol, la incomparable presidenta del Congreso, y animarla a tomar las mismas medidas con su respectivo escribidor, por haber afirmado en otro tuit que el vascuence es “una lengua con unas curiosidades que la hacen muy especial”.

Pero volvamos a la Constitución. Como bien saben, desde la aparición de Rodríguez Zapatero en el tablero político español y su relativista trato con la verdad y el Estado de derecho la Constitución ha estado sometida a un forcejeo constante por parte de quienes se han propuesto sobrepasarla, eludirla o directamente impugnarla. El Tribunal Constitucional, por tanto, ha tenido también desde entonces mucha más tarea de la acostumbrada. Para eso está, dirán ustedes. Sin duda. Pero, más allá del sentido de sus resoluciones, resulta significativo que la presión a la que se ha visto sometido haya tenido que ver la mayoría de las veces con iniciativas legislativas promovidas en primera instancia por separatismos y populismos de izquierda. De ahí se ha seguido, de forma cada vez más nítida, la consolidación de dos bloques: el de quienes la defienden a machamartillo y el de quienes la martillean sin cesar con el propósito manifiesto de llegar, tarde o temprano, a sustituirla por otra lo más alejada posible de las vigentes en el mundo occidental –una sustitución, sobra indicarlo, que conllevaría el trueque de nuestra Monarquía constitucional por una República de muy difusos y oscuros contornos–.

El pasado domingo la edición digital de El País traía un artículo de Jordi Gracia, exsubdirector de Opinión del diario y actual adjunto a su directora, que se anunciaba como un anticipo del número de diciembre de la revista Tinta Libre, de la que Gracia es también codirector. El artículo, titulado “No es la edad, es el poder” y del que se hizo eco con agudeza aquí mismo Ricardo Cayuela, consiste, por decirlo pronto, en un alegato contra algunos de los intelectuales que han colaborado durante lustros (no los de Urtasun, por supuesto) con el propio periódico –y que en algún caso, como los de Fernando Savater, principal blanco de los denuestos del articulista, y Félix de Azúa, colaboran todavía– y a los que acusa de haber entrado en una “deriva netamente conservadora” por permitirse criticar, sin medias tintas, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas. Según Gracia, la causa de la deriva no sería la edad de todos ellos, sino el alejamiento del poder, que ha pasado a otras manos –entre otras a las suyas, por cierto, aunque esto se le haya olvidado mencionarlo al autor de la catilinaria–.

El principal mérito de Gracia no es, como en el caso de aquellos a quienes critica, su excelencia intelectual –excelencia que comporta, según sostenía hace cerca de un siglo Julien Benda, “la defensa de los valores eternos y desinteresados, como la justicia y la razón”–, sino el haberse prestado a ejercer de comisario político de un medio de comunicación escrito –el más influyente de España– que se ha convertido desde 2018 en el vocero de Pedro Sánchez y en el defensor incondicional de sus espurios intereses. Para comprobar el alcance de la invectiva sañosa operada por el comisario Gracia, lo mejor es leer el artículo de cabo a cabo. Pero ya que conmemoramos hoy los 45 años de la Constitución, máximo epítome de nuestra Transición política, permítanme entresacar del texto la consideración que le merece a su autor la postura de esos intelectuales ante la impugnación del periodo que permitió a los españoles transitar de una dictadura a una democracia: “Se sintieron muchos de ellos agredidos y ofendidos con el cuestionamiento del relato beato y triunfal de la Transición que apadrinó Podemos de forma simplista y maniquea, sin digerir algunos de los sabios de la tribu que todo relato triunfal es falso por definición, y también lo es el de la Transición.” De qué lado estaba ya entonces el comisario Gracia, salta a la vista.

Y, en fin, no hace falta añadir, supongo, que ningún comisario político ha aceptado jamás que un intelectual deje de ser compañero de viaje del partido para poder seguir siendo, simplemente, un intelectual.

(The Objective, 6 de diciembre de 2023)