El fardo del nacionalismo

Tanto las próximas elecciones generales como la legislatura que de ellas surja van a estar marcadas, sin duda alguna, por el nacionalismo. Es evidente que para formular semejante predicción no hay que ser un lince. Basta con conocer un poco la historia de España y con analizar, sin demasiados prejuicios, el momento presente. Desde el último cuarto del siglo XIX, España se mueve —y a menudo se contorsiona— a golpes de nacionalismo. Por un lado, el de matriz catalana; por otro, el de matriz vasca. También ha habido, es cierto, uno de matriz propiamente española, pero éste, al contrario que sus homónimos periféricos, ha tenido una trayectoria más difusa, más inconstante y, sobre todo, más breve, puesto que desapareció casi por completo con la llegada de la democracia, como si hubiera gastado ya todas las salvas en las cuatro décadas anteriores. No así los otros dos; ni tampoco el gallego, que ha estado siempre ahí, agazapado, a rebufo de sus hermanos mayores, aguardando su hora.

En realidad, esta supervivencia de los nacionalismos periféricos demuestra hasta qué punto, en los famosos discursos parlamentarios —y en gran parte antitéticos— que Ortega y Azaña pronunciaron en mayo de 1932 a propósito del Estatuto de Cataluña, quien tenía los pies en el suelo era el primero de los dos oradores. En la medida en que el nacionalismo encuentra su razón de ser en el conflicto permanente con el Estado, todo intento de integrarlo en un proyecto común, de disolverlo en una instancia mayor, está fatalmente condenado al fracaso. El nacionalismo, decía Ortega, «es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar». De ahí que al Estado no le quede otro remedio que cargar con él y confiar en que el tamaño y el peso del fardo sean, en lo posible, llevaderos. Y, la verdad, no parece que éste haya sido el caso en la legislatura que estamos ya apurando.

Hasta las elecciones de marzo de 2004, y a pesar de los estragos del terrorismo, el país había ido evolucionando conforme a un mismo patrón, acordado por todas las fuerzas políticas —las nacionalistas incluidas— a finales de la década de los setenta: el llamado pacto de la Transición. Este acuerdo tácito, refrendado por la inmensa mayoría de los españoles en cuantas ocasiones habían sido llamados a las urnas, se sostenía sobre tres pilares: un régimen, la Monarquía parlamentaria; una Constitución, la del 78, y un Estado, el de las Autonomías. Pues bien, en los últimos cuatro años el patrón ha quedado hecho trizas. Por supuesto, no es que vivamos ya en una república popular, con una ley fundamental de nuevo cuño y con un Estado de corte confederal. No, sobre el papel todo sigue como estaba. Pero el deterioro a que se han visto sometidos los tres pilares en que descansaba nuestra convivencia resulta a todas luces notorio y, lo que es peor, no parece que pueda ser reparado sin que se replanteen a un tiempo las propias reglas del juego.

En efecto, si uno repasa los principales acontecimientos políticos de esta legislatura, llegará fácilmente a la conclusión de que en todos ellos ha intervenido en un grado u otro el nacionalismo. Lo cual no presupone, claro está, que sólo haya intervenido él. O que su intervención no haya contado, de modo sustantivo, con el amparo de quien habría podido negarle el pan y la sal. Pero, en todo caso, ahí ha estado el nacionalismo, en primera línea. Empezando por ETA. Y es que, por mucho que se empeñen en negarlo algunas fuerzas políticas, y en particular las pertenecientes al autodenominado nacionalismo democrático —es decir, todo el nacionalismo excepto ETA—, el problema del terrorismo etarra es inseparable del problema del nacionalismo. Y no únicamente del vasco.

Así, que el proceso de reforma del Estatuto catalán coincidiera en el tiempo con el llamado «proceso de paz» no puede considerarse en modo alguno casualidad. Quien puso en marcha ambos procesos —es decir, el Gobierno de España, y en particular su presidente— tenía mucho interés en vincular la suerte del segundo con el destino del primero. Y así lo entendieron, por activa y por pasiva, los interlocutores respectivos. Por ejemplo, el entonces presidente Maragall, quien, a finales de agosto de 2005, después de que el consejero Saura hubiera declarado que un «no» del PSOE al nuevo proyecto de Estatuto que saliera del Parlamento autonómico «imposibilitaría que en el País Vasco también se encontraran vías de solución», vinculó el devenir de ambos procesos al de la España constitucional. O la propia banda terrorista, que el 25 de octubre de aquel mismo año, coincidiendo con el 26 aniversario del Estatuto de Guernica y con la polvareda levantada por la reciente aprobación en el Parlamento catalán del nuevo texto estatutario, emitía un comunicado donde, entre otras cosas, negaba que lo que valía para Cataluña pudiera valer también para el País Vasco.

Por lo demás, y como no podía ser de otro modo, toda la tensión generada en torno al modelo de Estado ha erosionado también los otros dos pilares sobre los que se asentó en su día la Transición: la Monarquía parlamentaria y la Constitución. Jamás la figura del Rey y del régimen que esta figura encarna han estado tan en entredicho como en esta legislatura. Y no me refiero ahora a los pequeños aquelarres que los jóvenes independentistas han ido organizando por las plazas públicas de Cataluña, y cuyo clímax coincidía con la quema de unos cuantos carteles con la efigie del monarca, sino a la proliferación de artículos, debates y encuestas sobre la oportunidad y la conveniencia de que España siguiera siendo, en lo tocante al régimen, lo que viene siendo desde 1975 —a saber, una monarquía constitucional—. No hay duda que a este desgaste ha contribuido también la reivindicación acrítica de nuestra desdichada Segunda República, en la que tanto empeño ha puesto, por cierto, el presidente Rodríguez Zapatero. Y tampoco cabe descartar que la aparición de unas nuevas generaciones de políticos a quienes los pactos de la Transición no comprometen en exceso y cuyo único objetivo parece ser el ejercicio del poder —y entre los que se cuenta el mismísimo presidente del Gobierno— haya completado la faena.

De todas formas, sería injusto no recordar aquí que en los últimos meses el panorama ha cambiado sustancialmente. Coincidiendo con el fin de la tregua de ETA, todo lo que antes era susceptible de deliberación —la situación de los presos, el reconocimiento de la izquierda abertzale como interlocutor político, la participación de sus franquicias en el juego electoral— se ha convertido, de pronto, en un asunto estrictamente delictivo y, en consecuencia, penal. Mientras tanto, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña continúa atascado en el Constitucional, a la espera de que el alto tribunal digne pronunciarse. Y la marea antimonárquica parece haber remitido. ¿Significa todo ello que hemos vuelto a la situación anterior a marzo de 2004? En absoluto. En primer lugar, porque los efectos de las políticas gubernamentales que afectan al modelo de Estado y a la solidaridad entre partes de un mismo territorio no pueden eliminarse así como así. La aprobación del Estatuto catalán abrió el melón territorial, de suerte que las demás Comunidades, y en especial las más ricas, se apresuraron a exigir un trato equivalente —o, dicho de otro modo, unos privilegios comparables—.Y por si no bastara con estos factores, el lehendakari Ibarretxe, al que poco parece importar que el terrorismo etarra siga tan campante, ya ha anunciado para el próximo octubre una consulta a los vascos y a las vascas para que expresen qué quieren ser de mayores y mayores.

Pero es que, además, el cambio de rumbo impuesto por el Gobierno —y cuya máxima plasmación, en el orden de lo simbólico, es este «Gobierno de España» omnipresente— tiene todo el aire de la provisionalidad. O de la coyuntura electoral. Sólo así se explica que el ejecutivo se haya negado a revocar el aval parlamentario que le faculta para negociar con ETA, como le ha pedido reiteradamente el PP. Y que prefiera mantener en cuarentena el Estatuto catalán antes que verse obligado a afrontar, en vísperas de las elecciones, las consecuencias de una sentencia. Al fin y al cabo, el ritmo de la política española lo marca desde hace tiempo la inminente cita con las urnas. Y, aun cuando el resultado del 9 de marzo sea más que nunca una incógnita —la mayoría de las encuestas pronostican una gran igualdad entre PP y PSOE—, o precisamente por ello, los partidos no descansan. En especial los nacionalistas. Y es que el anunciado refrendo otoñal del lehendakari Ibarretxe tiene ya su réplica catalana: por un lado, la reclamación —burocrática, mediática y callejera—, por parte del nacionalismo transversal, del «derecho a decidir»; por otro, la convocatoria para 2014 de un referéndum por la independencia. En definitiva, que las dos próximas legislaturas aparecen ya a estas alturas sembradas de minas.

Ante ello, el presidente del Gobierno no ha dado muestras de tener otra aspiración que la de seguir gobernando con el nacionalismo. Eso sí, con un nacionalismo algo más morigerado que el que le ha acompañado hasta la fecha. Así lo dio a entender, cuando menos, en su comparecencia de fin de año ante la prensa. Para él, los socios futuros son CIU y PNV. O sea, los dos partidos cuyos máximos dirigentes se han manifestado más de una vez a favor de la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco, respectivamente. La posibilidad de un gran acuerdo nacional con el PP ni siquiera se plantea como hipótesis. Y es una lástima. Porque el PP sí se plantea esta posibilidad, en caso de victoria. Y, vistas las expectativas electorales de Unión Progreso y Democracia —el tercer partido nacional con el que podrían pactar unos y otros para alcanzar la mayoría absoluta, y al que los sondeos no conceden demasiada intención de voto—, dudo mucho que exista otra solución. A no ser que queramos seguir con un modelo territorial permanentemente abierto, con una división manifiesta en la lucha contra el terrorismo, con unas políticas educativas y lingüísticas en manos de los nacionalismos gobernantes y con un marco constitucional cada vez más decorativo.

O, lo que es lo mismo, con un fardo imposible de conllevar.

Letras Libres, febrero de 2008.

Sobre lenguas y libertades

Cuando apenas se cumplían cien días del comienzo de nuestra guerra civil, Cèsar-August Jordana —escritor, traductor, corrector de estilo y abnegado propagandista de la causa catalanista y republicana— se felicitaba en el semanario «Mirador» de que cada vez fueran menos las voces dispuestas a combatir la enseñanza en catalán. Los tiempos habían cambiado, ciertamente. Y no sólo por el estado de guerra que afectaba a todo el país, sino porque este estado, en el caso concreto de Cataluña, había permitido a la Generalitat borrar de un plumazo el viejo sistema de enseñanza instaurado con la República —dos líneas independientes: una autonómica en catalán, otra estatal en castellano— y sustituirlo por un modelo unitario, basado en el derecho de todas las criaturas a ser escol arizadas en su lengua materna. La satisfacción de Jordana estaba, pues, más que justificada. Gracias al decreto que el presidente del Gobierno de Cataluña acababa de firmar, y a menos que las cosas volvieran a torcerse, en adelante ningún niño catalanohablante iba a verse obligado, por causa de fuerza mayor, a recibir la primera enseñanza en castellano.

En su edición de 22 de septiembre de 1936, «La Vanguardia» había recogido con todo detalle el decreto en cuestión. Merece la pena detenerse en él. Ya desde el mismo preámbulo, que arranca con estas palabras: «Ninguna convención puede justificar la violación de los derechos del niño, que encarna los derechos de la naturaleza. Entre esos derechos, el del niño a usar la propia lengua —la lengua en que ha nacido— es reconocido por todos y consagrado por las autoridades mundiales en los Congresos de Bilingüismo». Y si el preámbulo no tiene desperdicio, la parte correspondiente al articulado no le va a la zaga. Por ejemplo, en el punto primero, donde se lee: «La enseñanza pre-maternal, maternal y primaria en las escuelas de Cataluña, se hará basada en la lengua del niño, dividida en grupos en aquellas escuelas en que la matrícula lo permita. El maestro utilizará el idioma del niño allí donde la distribución en grupos no sea posible». O en el punto segundo, donde se insiste en que «es preciso […] no hacer nunca violencia en el alma del niño. La escuela en este punto será un reflejo de la calle, donde, generalmente, los dos idiomas oficiales conviven». O en el tercero, donde se indica que en cuanto «se vea que el niño está suficientemente formado en la propia lengua […] comenzará intensamente el aprendizaje de la segunda lengua, en catalán para los niños de habla castellana y en castellano para los de habla catalana».

Se trata, sin duda, de un decreto ejemplar. Cuando menos para la época. Dejemos ahora a un lado la visión romántica del lenguaje que impregna todo el texto y en especial el preámbulo —ese «nacer en una lengua» que recuerda en su irracionalidad el «vivir en una lengua» de las políticas lingüísticas contemporáneas—, y centrémonos en las disposiciones estrictamente pedagógicas. Estamos ante un modelo que garantiza, por una parte, el derecho del niño a ser escolarizado en su lengua materna y, por otra, el aprendizaje ulterior de la otra lengua hablada en la comunidad. Respeto, pues, a la «naturaleza lingüística» del educando —y a la voluntad de sus progenitores, que se supone concordante con esta naturaleza— y respeto a la legalidad, en la medida en que una y otra lengua eran entonces —como ahora— oficiales en Cataluña. Y todo ello en un tiempo en que la población catalanohablante era considerablemente superior a la castellanohablante y en que el Gobierno de la Generalitat no estaba ya obligado, por la situación de excepcionalidad creada por el golpe de Estado y la guerra civil consiguiente, a dar cuentas de nada a nadie.

Pues bien, al cabo de más de setenta años, con una población donde el número de catalanohablantes y el de castellanohablantes es más o menos parejo, con un régimen democrático felizmente vigente y con unas instituciones autonómicas que, hasta que no se disponga lo contrario, sí deben dar cuentas de sus actos, una iniciativa legislativa popular impulsada por Convivencia Cívica Catalana y encaminada a sustituir el actual modelo de inmersión lingüística en la llamada lengua propia —o sea, en catalán— por un modelo bilingüe basado en la enseñanza de la lengua materna ha sido rechazado por el voto de una inmensa mayoría de los representantes políticos de Cataluña. Ocurrió el pasado 19 de diciembre en el Parlamento autonómico. De 124 diputados presentes —la Cámara tiene 135—, únicamente 13 —pertenecientes todos al Partido Popular o a Ciutadans— votaron a favor de una propuesta de sistema educativo que en nada desmerece, ni en sus principios ni en su formulación, el que la Generalitat de Companys implantó en 1936 en la retaguardia republicana. Y no sólo eso. Durante el debate que precedió a la votación, una gran parte de los 111 diputados que votaron en contra, y entre ellos casi todos los miembros del Gobierno, abandonaron de forma ostentosa el salón de plenos, con lo que no sólo evidenciaron su desprecio hacia los impulsores de la iniciativa, sino también hacia los 50.000 ciudadanos que, con su firma, la habían hecho posible.

Que la clase política catalana desprecie a sus representados no constituye ya, por desgracia, ninguna novedad. Es más, la desafección empieza a ser mutua, y buena prueba de ello son los altos índices de abstención de las últimas elecciones y referendos celebrados en la Comunidad. Pero que esta clase política rechace un modelo de enseñanza que siete décadas atrás había hecho, como reconocía Cèsar-August Jordana, las delicias de sus antepasados —no olvidemos que el Gobierno de entonces, encabezado por Esquerra Republicana, agrupaba a todas las fuerzas de izquierda y nacionalistas—, y lo haga con el burdo pretexto de que fomenta la segregación; esto, aparte de un desprecio a los ciudadanos, es un insulto a la inteligencia. Y una agresión manifiesta a la libertad. Porque lo que subyace en esta iniciativa legislativa popular promovida por Convivencia Cívica Catalana —y lo que legitimaba, sin duda, el decreto que el Gobierno de la Generalitat promulgó en septiembre de 1936— no es otra cosa, al cabo, que el incuestionable derecho de todos los padres a elegir la lengua en que quieren que se eduque a sus hijos —siempre y cuando, por lo menos en el sistema público, dicha lengua tenga carácter oficial—.

En este sentido, la apelación a que el niño sea escolarizado en su lengua materna cabe entenderla como una variante de este ejercicio de la libertad. Y, por supuesto, así debería ser entendida también la apelación contraria; eso es, que unos padres deseen que su hijo reciba la primera enseñanza en una lengua distinta de la materna. El fundamento, en ambos casos, es la libertad. La libertad de elegir. O el derecho a decidir, por usar una expresión muy en boga en estos tiempos. Lástima que quienes la usan y la pasean, suplicantes, por las calles barcelonesas sean precisamente los mismos que niegan al conjunto de la sociedad catalana la posibilidad de ejercer, en relación con la educación de sus hijos, este mismo derecho. Será que, en lo tocante a la libertad, no las tienen todas consigo.

ABC, 17 de enero de 2008.