Tal vez lo recuerden. El 15 de febrero de 2019 Pedro Sánchez convocaba de forma anticipada elecciones generales para el 28 de abril siguiente. “Voy a, de forma humilde, pedir la confianza de los españoles”, dijo sin humildad ninguna en su comparecencia ante los medios en La Moncloa. El pretexto para el adelanto, el rechazo de los Presupuestos en el Congreso. La razón de fondo, los cálculos de su gurú de entonces, Iván Redondo, convencido de que tras la foto de Colón del domingo anterior –los líderes de PP, Cs y Vox juntos en el escenario anticipando lo que hoy hubiera sido tildado por esta izquierda nuestra de fachosfera– había llegado el momento de dar el gran salto hacia la mayoría absoluta.

La jugada no le salió bien. El salto fue grande, pero no suficiente. Y se dio la paradoja de que la única mayoría posible para una investidura era la formada por el Partido Socialista y Ciudadanos, que había tenido una gran crecida a costa sobre todo del Partido Popular. Pero enseguida se vio que no iba a fructificar. A Sánchez le gritaban sus huestes la noche misma de las elecciones: “¡Con Rivera no, con Rivera no!”, a lo que él respondía sonriendo: “Me ha quedado claro, me ha quedado claro”. No hizo falta comprobarlo. Los dirigentes de Cs se encargaron de ello al renunciar a todo tanteo con sus homólogos socialistas, aunque sólo fuera para la galería, para que nadie pudiera echarles en cara que ni siquiera lo habían intentado.

Y es que el objetivo de Cs no era hacer valer la segunda de las dos misiones para las que fue fundado, a saber: en Cataluña, plantar cara al nacionalismo; y en el conjunto de España, poner sus votos a disposición del mejor situado de los dos grandes partidos mayoritarios, a fin de que no tuviera que pactar con los nacionalistas de turno para gobernar, lo cual llevaba siempre implícito aceptar unas exigencias que laminaban poco a poco las competencias del Estado. El objetivo no era ese, digo, sino sobrepasar al PP y convertirse en el principal partido de la oposición; hacer realidad, en una palabra, el ansiado sorpasso. Lo que vino luego fue la caída en picado de Ciudadanos en las siguientes generales.

Pero hubo más. Durante el periodo que medió entre ambas citas electorales los expertos en sondeos fueron detectando, semana a semana, el progresivo derrumbe del partido liderado por Albert Rivera, al tiempo que observaban como los datos reflejaban una subida significativa de Vox y una vuelta al redil de los votantes de los partidos mayoritarios, cuando no un refugio en la abstención. Los comicios de noviembre no desmintieron los pronósticos. Cs se dejó dos millones y medio de votos por el camino, mientras que Vox ganó un millón y el PP cerca de 700.000. Aunque las transferencias de sufragios no son ni mucho menos tan limpias como las presento aquí, sí sirven, creo, para hacerse una idea de lo ocurrido. La inacción, en política, no se perdona, y eso fue lo que hizo durante esos meses fatales Ciudadanos: no hacer nada –o como mucho, hacerlo demasiado tarde, con las cartas ya echadas–. Y cuando el lector se convence de que votar a un partido deja de ser útil, cambia de papeleta u opta por el voto en blanco, nulo o directamente por la abstención.

Santi González escribía anteayer en estas páginas –ya me perdonarán la muletilla del viejo periodismo– sobre el empeño de Vox en sobrepasar al PP y sobre el drama que supone para el interés general, tan maleado desde hará pronto ocho años, el que un partido que está en la oposición convierta ese empeño en el eje de su política, en vez de dedicarse a colaborar en la tarea de construir una alternativa de gobierno de cara al futuro, cuyas primeras estaciones son la ristra de elecciones autonómicas que ya tienen fecha y, en último término, las generales que vengan después si es que no vienen antes. Ciertamente. Y si yo he traído hoy aquí el ejemplo de Ciudadanos no es tanto por la posibilidad de que un desenlace en las urnas vaya a ser parecido –estamos lejos de ello–, sino por las similitudes existentes entre uno y otro caso en cuanto a los estragos que puede llegar a provocar el modo de proceder de unos dirigentes guiados en gran medida por la ambición.

Y con la esperanza, claro, de que la realidad alcance a desmentirme más pronto que tarde, si no es mucho pedir.

Vox, ¿tras los pasos de Ciudadanos?

    27 de febrero de 2026
No le sentó nada bien a Jean-Luc Mélenchon, líder de La France Insoumise (LFI), que el Ministerio del Interior francés haya encasillado a su movimiento entre las formaciones de “extrema izquierda”. Es verdad que fue en una circular que el Ministerio envía a sus préfets con vistas a las municipales que deben celebrarse el próximo mes de marzo y cuyo propósito no es otro que el de ayudarles en su tarea. Tenía, pues, un carácter meramente administrativo, y, aun así, a Mélenchon no le gustó. Y es que en las elecciones legislativas de 2024 LFI figuraba en esta misma circular entre las formaciones de “izquierda”, por lo que no sabía a qué era debido el cambio. Según el Ministerio, la causa había que buscarla en algunas manifestaciones recientes de los de Mélenchon, como por ejemplo llamar a la desobediencia civil, poner en entredicho la autoridad de los jueces, los medios de comunicación y la policía o alejarse de los valores universalistas republicanos. Ello justificaría el desplazamiento de un grupo a otro, del más integrado en el sistema, donde se hallan, entre otros, los partidos socialista y comunista, al más distante, integrado por fuerzas políticas autodenominadas anticapitalistas y revolucionarias. Teniendo en cuenta que LFI lideró en las últimas legislativas una coalición de partidos de la que formaban parte socialistas y comunistas, además de los ecologistas, resulta comprensible su negativa a ser agrupada bajo el mismo paraguas que las fuerzas antisistema. Y con mayor motivo dada la aspiración de Mélenchon a convertirse en un futuro en primer ministro, cuando no en presidente de la República.

Que el calificativo “extrema” aferrado a “izquierda” constituya una impedimenta para quien pretende alcanzar algún día, aunque sea a medio plazo, el gobierno, tiene su lógica. No se gobierna desde la esquina del tablero político, por más que Pedro Sánchez, con sus políticas populistas, su filibusterismo, sus trueques abyectos y su apego al poder a cualquier precio se empecine en demostrar lo contrario. Y lo mismo que vale para la izquierda vale para la derecha. También en Francia, el Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen ya se topó en 2024 con un rechazo ministerial parecido cuando se le ocurrió protestar por la inclusión del partido entre las formaciones de extrema derecha. Y, de igual modo, es muy probable que el calificativo adosado al nombre obrara entonces en Le Pen y sus expectativas políticas –siempre y cuando logre revertir, o reducir al menos, los cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los que fue condenada por malversación– de forma semejante a como lo ha hecho ahora con Mélenchon y las suyas, es decir, como una carga inconveniente. Sea como sea, y tenga ello la importancia que tenga, el Ministerio francés se ha mantenido firme en la decisión tomada.

Ignoro si en España el Ministerio del Interior cuenta con una clasificación análoga. Quienes sí recurren, en cambio, a esas etiquetas que los propios etiquetados tratan en general de quitarse de encima son los políticos y los medios de comunicación. Respecto a estos últimos, el director del medio en que escribo señalaba hace poco en la red social X que The Objective no usa en sus informaciones esos marchamos malqueridos ni a derecha ni a izquierda, entiendo que para no herir las sensibilidades de quienes simpatizan con uno u otro extremo del tablero político o simplemente desaprueban esa manera de designarlos.

Con todo, lo cierto es que dicha adjetivación, en la mayoría de los medios de comunicación, rara vez se aplica a la izquierda. Distinto es el caso de la derecha. Aunque su uso alterna con el de “ultraderecha” (el Libro de estilo de El País en su cuarta edición de 1990, que es la que manejo, recoge el vocablo ultra y lo define como ‘extremista de derechas’) y con eufemismos del tipo “derecha dura”, “derecha más dura” o incluso “derecha más extrema” o “derecha más a la derecha”, la denominación “extrema derecha” sigue siendo la que se lleva la palma cuando de lo que se trata es de referirse a partidos cuyo ideario se asemeja al del partido fundado por Marine Le Pen. No hace falta añadir que en esta tarea, en general denigratoria, aparte de los miembros del Gobierno y de los grupos parlamentarios que le prestan su apoyo, destacan sobremanera los medios componentes de la llamada sincronizada, siempre atentos a obedecer las consignas que emanan de La Moncloa. 

Por todo ello, no es de extrañar que a Vox, al igual que al Rassemblement de Le Pen, pueda incomodarle el adjetivo antepuesto a “derecha”. Y más si se repara en que los resultados obtenidos por la formación en las últimas autonómicas y, con toda probabilidad en las que están por venir, parecen augurarle un crecimiento bastante similar en el conjunto del país, lo cual consolidaría su candidatura a integrar, en coalición con el PP, un futuro Gobierno de España. Las dificultades que se observan estos días en las negociaciones entre los dos partidos para llegar a pactos en el ámbito autonómico cabe entenderlas, sobre todo, como amagos preelectorales. Los programas de uno y de otro no son, en el fondo, tan distantes. Además, si al decir de Feijóo, las únicas líneas rojas que pone el PP para alcanzar acuerdos son la Constitución y la ley, no hay duda de que el programa de Vox no se las salta. Como sí lo hacen, por cierto, los de partidos situados en la “extrema izquierda”, y en especial las de los nacionalistas, sean estos de derecha o de izquierda.

Los extremos (no) se tocan

    13 de febrero de 2026