Jornadas como las del lunes son propicias a todo tipo de bulos y conspiranoias. De los muchos que corrieron por las redes y las ondas, han destacado una vez más los ciberataques con marchamo ruso, de indiscutible impacto por estos pagos desde que el intento de golpe de Estado de Puigdemont y compañía puso al descubierto nuestras flaquezas en ciberseguridad. Añádase a lo anterior la reciente rescisión del contrato de compra de armamento a Israel, al que podrían seguir otros muchos en materia militar y, en especial, los relacionados con la defensa ante posibles agresiones cibernéticas. De ahí a deducir que Israel, como respuesta a nuestro incumplimiento, nos hubiera dejado, como se dice vulgarmente, con el culo al aire, hay sólo un paso.
Aun así, esa clase de infundios tienen siempre remedio, a condición de que al apagón eléctrico no le siga uno informativo. Y lo cierto es que el Gobierno no puso un particular esmero a la hora de informar. Pedro Sánchez compareció cinco horas y media después del apagón, cuando el caos y el colapso en la España peninsular eran ya de órdago, y fue para soltar el clásico “no se descarta ninguna hipótesis” y pedir la no menos clásica “colaboración de los ciudadanos”. Luis Montenegro, su homólogo portugués, si bien recurrió a los mismos tópicos, compareció tres horas antes que Sánchez y señaló que todo apuntaba a que la avería provenía de España, país del que Portugal es en gran medida dependiente energéticamente. (A propósito, no sé cómo andarán ahora aquellas encuestas más o menos recurrentes sobre el iberismo. La última que he podido consultar, publicada en 2019 por electomania.es, arrojaba un resultado de un 70% de españoles a favor de una hipotética unión ibérica entre ambos países, Andorra y Gibraltar, frente a un 60 % de portugueses. No parece que lo ocurrido el lunes vaya a ayudar a acrecentar el segundo porcentaje.)
Los días siguientes, pese al empeño de Sánchez en no descartar ninguna hipótesis –ni siquiera la del ciberataque ruso, como sí hizo en cambio, desmintiéndola, la empresa público-privada Red Eléctrica, principal operadora del sistema eléctrico y responsable del equilibrio entre la generación y la demanda de electricidad, cuya presidenta es la exministra socialista Beatriz Corredor– han servido para arrojar algo de luz sobre las posibles causas del apagón. No del apagón en concreto, cuyo origen sigue siendo a estas alturas un misterio, sino de unos antecedentes de los que hicieron caso omiso su presidenta y el Gobierno. En concreto, los informes que los técnicos de la empresa elaboraron desde 2020 advirtiendo de desajustes de frecuencia que podrían estar relacionados con la introducción de las energías renovables. Lejos de reconocer esta posibilidad, Pedro Sánchez, aparte de insistir en que no descartaba ninguna hipótesis, aprovechó su comparecencia del martes para ratificarse en lo acertado del cierre de las nucleares llevado a cabo por su Gobierno.
Pero acaso el apagón informativo más relevante y que nada tiene que ver con la electricidad fue el que se produjo la misma mañana del lunes y que confirma, por si hacía falta, la baraka con la que parece contar Pedro Sánchez. A primera hora conocíamos que la juez Beatriz Biedma había resuelto abrir juicio oral por prevaricación y tráfico de influencias contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y un asesor de la Moncloa y ocho cargos de la propia Diputación pacense. Pues bien, el impacto de la noticia tuvo una vida corta. El apagón de las 12:33 lo cortó en seco. Lo que no significa, claro está, que el interés por la noticia no vaya a renacer a medida que el juicio oral se desarrolle.
Sea como sea, abandonen toda esperanza los españoles de bien, que son afortunadamente la mayoría. Ese proceso judicial no cambiará en absoluto la determinación del otro Sánchez de resistir a toda costa y sin pararse en barras hasta el final de la legislatura. Es más, cuanto peor pinten los sondeos electorales, más se empecinará el capitán del barco gubernamental en mantenerse en su puesto contra viento y marea hasta completar los cuatro años que la Constitución le permite estar. Si algo le importa un comino, y lo ha demostrado con creces, es dejar el país hecho unos zorros.