Ignoro si el problema de la inmigración será uno de los temas a debatir en el próximo congreso del Partido Popular, aunque sería bueno que así fuera. Jesús Fernández-Villaverde, doctor en Economía e investigador y docente en diversas universidades extranjeras, daba cuenta el sábado en una entrevista en El Mundo de la magnitud del problema al advertir –y apuntalar con sólidas evidencias– de que “el nivel de inmigración que tenemos es insostenible y económicamente muy mal negocio”. Y los artículos publicados recientemente sobre el particular en estas mismas páginas por Enrique Morales y Marcos Ondarra no ofrecían tampoco ningún sosiego. De un lado, según datos del Banco de España correspondientes a 2023, España es uno de los países de la Unión Europea con mayores tasas de entrada de extranjeros: 24 inmigrantes por cada mil habitantes, en contraste, por ejemplo, con Francia –5 por cada mil– o Italia –6 por cada mil–. De otro lado, la nueva ley de extranjería que entró en vigor el pasado martes y ha rebajado los requisitos exigidos para la nacionalización hará que en tres años 900.000 inmigrantes puedan regularizar su situación.
No parece, en definitiva, que al Gobierno le asusten esas cifras. Muy al contrario, se comporta en este terreno como se ha comportado con el reparto de los menores migrantes no acompañados desembarcados en Canarias. O sea, utilizando el problema como arma política. Si con los menas, tras desentenderse primero del asunto, se esforzó luego en no llegar a acuerdos con la oposición y, sobre todo, en no lesionar con sus decisiones los intereses de comunidades autónomas gobernadas por partidos de los que depende para mantener su frágil mayoría en el Congreso, todo indica que con la nueva ley quiere predisponer a los inmigrantes a su favor con vistas a futuras contiendas electorales.
Pero al margen de estos aspectos, ya por sí mismos preocupantes, si el partido destinado a gobernar España cuando Yo el Supremo abandone la Moncloa desea abordar de verdad en su congreso eso que se ha venido en llamar “la batalla de las ideas”, no debería descuidar otra cara de la inmigración, acaso la más importante cuando se trata de migrantes de religión musulmana. A ella se refería el rotativo Le Figaro el pasado miércoles 21 en una exclusiva que revelaba la existencia de un informe minucioso y detallado, encargado por el ministro de Interior, sobre el grado de infiltración de los Frères Musulmans (Hermanos Musulmanes) en los ámbitos políticos, educativos, asociativos, deportivos y culturales franceses, sin olvidar las redes sociales. El periódico lo calificaba de explosivo y, a juzgar por lo publicado, sin duda lo es. Tanto, que el mismo día el Consejo Superior de Defensa Nacional, presidido por Emmanuel Macron, lo convirtió en el tema central de su reunión. El presidente de la República pidió a su término un tiempo de reflexión antes de anunciar las respuestas del Estado, pero todo induce a creer que estas van a ser contundentes.
Frères Musulmans es una organización fundada hace cerca de un siglo en Egipto y que tiene como fin último la implantación de la ley islámica. En Europa, se extendió primero por Alemania, Suiza y Reino Unido, antes de hacerlo por Francia. Su estrategia consiste, por una parte, en ir infiltrándose en distintos estratos sociales, procediendo de abajo arriba, y, por otra, en aislar a sus correligionarios del resto de la sociedad –la educación en madrasas tiene aquí un papel fundamental– con tal de inculcarles la doctrina islámica. El mismo miércoles, tras hacerse público el informe, los partidos de centro y de derecha franceses expresaron su apoyo a las medidas que vaya a tomar el Gobierno, mientras que Jean-Luc Mélenchon, líder de la principal formación de izquierda, las criticaba con el argumento de que iban a acrecentar la islamofobia. (Curiosamente, y no creo que sea casualidad, el escritor Michel Houellebecq anticipaba ya en 2015 en su novela Soumission un escenario no muy alejado del actual, que situaba en el año 2022 y en el que una Fraternidad Musulmana alcanzaba en Francia el poder.)
No sé si en España el CNI o algún otro organismo vinculado a Defensa o Interior andará investigando la posible existencia de una trama similar; al fin y al cabo, no se trata de una organización terrorista. Pero, aun así, no estaría de más que tomara el informe desvelado por Le Figaro como modelo de lo que conviene hacer. Y que, ya puestos, empezara por escarbar en Cataluña, donde el Gobierno de Convergència i Unió se empeñó a comienzos de siglo en catalanizar a los inmigrantes magrebíes, para lo cual nombró al independentista Àngel Colom delegado de la Generalitat en Marruecos. La idea era favorecer la llegada a Cataluña de inmigrantes que no tuvieran como lengua materna el español, para así facilitar su conversión en catalanohablantes. Un cuarto de siglo más tarde, el número de ciudadanos que usan el catalán para relacionarse se halla, en el mejor de los casos, estadísticamente estancado. En cuanto a las consecuencias de dicha repoblación forzada, basta fijarse en el crecimiento exponencial de la xenófoba Aliança Catalana para convencerse del éxito de la empresa.